CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN FINANCIERA

La "reestructuración" de la economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por el neoliberalismo ha provocado la globalización del crimen. Mientras los sistemas estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de los estados, a la vez que aprovecha la desregulación del sistema financiero internacional para "lavar" su dinero mal habido. El crimen se ha transformado, de esa forma, en parte integrante del sistema económico internacional, con trascendentales consecuencias sociales, económicas y geopolíticas.

En todo el Tercer Mundo, la corrupción, estimulada por la desregulación financiera, está minando las economías nacionales y empobreciendo a millones de personas. El crimen organizado se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacionales. Tanto en países industrializados como en desarrollo, el sistema estatal está en crisis y las mafias se han transformado en importantes actores de la política económica y social de los gobiernos.
En este ámbito, bancos "respetables" rutinariamente ignoran la línea divisoria entre capital organizado y crimen organizado, prestándose al lavado de enormes cantidades de dinero, mientras la reestructuración del comercio y las finanzas mundiales tiende a favorecer la "globalización" de prácticas económicas delictivas.
De esa forma, las fechorías de los pequeños delincuentes son destacadas por la prensa y la policía, mientras las funciones política y económica de organizaciones criminales internacionales, que operan como entidades comerciales legítimas en el mercado mundial, son vistas naturalmente como parte del sistema.
Desde hace algún tiempo, las mafias han sustituido la bandera negra por la computadora y el estuche de violín con una metralleta dentro por el maletín de ejecutivo. Este paso del bajo mundo a las pulcras salas de junta ha sido facilitado por la tendencia global a la "liberalización económica", responsable de la reducción del Estado, la desregulación de la banca y el comercio internacionales, y la privatización de empresas públicas. Estas condiciones no sólo benefician a las grandes empresas transnacionales y los bancos internacionales que las promueven vigorosamente, sino que también favorecen el crecimiento y la "internacionalización" de prácticas ilícitas. En realidad, el límite entre ambos tipos de actividades es casi imperceptible.

Las ganancias y la influencia del crimen organizado son inmensas, tanto en países industrializados como en desarrollo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ingresos de las organizaciones criminales transnacionales a nivel mundial suman alrededor de un billón de dólares, cifra equivalente al producto interno bruto (PIB) combinado de todos los países de bajos ingresos, con una población de 3.000 millones de habitantes. (Ver actas de la Conferencia de la ONU sobre Prevención del Crimen, El Cairo, mayo de 1995). La estimación de la ONU incluye las ganancias procedentes del tráfico de drogas, armas, materiales nucleares, así como de servicios controlados por la mafia (prostitución, juego, cambio de moneda). Lo que estas cifras no transmiten adecuadamente es la magnitud de las inversiones realizadas rutinariamente por organizaciones criminales en empresas comerciales "legítimas", así como su control de los medios de producción en muchas áreas de la economía legal.

Y así como las grandes empresas han aumentado su alcance e influencia formando firmas transnacionales que pueden evadir el control de países individuales, el crimen organizado también se ha globalizado. Una nueva relación transnacional ha surgido entre los triángulos asiáticos, los yakuzas japoneses y las mafias europeas y estadounidenses. En lugar de proteger su campo tradicional, las organizaciones criminales en diferentes partes del mundo poseen fuerzas combinadas "en un espíritu de cooperación global", dirigidas hacia la "apertura de nuevos mercados" tanto en la economía legal como en la ilegal. De acuerdo con un observador, "los grupos criminales funcionan mejor que la mayoría de las 500 compañías de Fortune (...) con organizaciones que se asemejan más a General Motors que a la tradicional mafia siciliana". Según una declaración del director del FBI, Jim Moody, a un subcomité del Congreso estadounidense, las mafias de Rusia "cooperan con grupos criminales de otros países, incluyendo los establecidos en Italia y Colombia (...) La transición hacia el capitalismo (en la ex Unión Soviética) ofreció nuevas oportunidades que fueron rápidamente aprovechadas por esas organizaciones".
Asimismo, los grupos criminales colaboran cotidianamente con empresas comerciales que invierten en una variedad de proyectos "legítimos", lo cual no sólo les ofrece la oportunidad de lavar su dinero de procedencia ilícita, sino también de acumular riqueza en un marco legal. Estas inversiones se realizan en inmuebles de lujo, espectáculos, editoriales, medios de prensa y servicios financieros, pero también en empresas de servicio público, manufactura y agricultura.

En Estados Unidos, la mafia invierte tanto en inmuebles urbanos como en tierras agrícolas. En Tailandia, miles de millones de dólares del Triángulo de Oro de la heroína fueron reciclados por sindicatos comerciales y sociedades secretas de Bangkok hacia inversiones en la industria textil. Asimismo, cientos de millones de dólares de los carteles de la droga mexicanos se destinaron a comprar empresas públicas durante la ola de privatizaciones iniciada bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Para prosperar, al igual que las empresas legales, los sindicatos criminales necesitan amigos en posiciones encumbradas. En el nuevo ambiente financiero mundial, poderosos grupos clandestinos de presión política conectados al crimen organizado cultivan amistad con destacadas figuras políticas y altos funcionarios de gobierno. Este fenómeno es común no sólo en los llamados "mercados emergentes", sino también en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, donde la corrupción es desenfrenada.

En Italia, el ejemplo más patente de Europa, la Cosa Nostra invadió todo el ambiente político. Además del ex primer ministro Giulio Andreotti, procesado por recibir dinero de la mafia, cerca de 3.000 funcionarios y ejecutivos de corporaciones fueron investigados o acusados por corrupción.

La naturaleza del Estado y de la estructura social se han transformado. En varios países de América Latina, los carteles de la droga invadieron el aparato estatal y se integraron al partido político gobernante.
Como quedó en evidencia en el escándalo del Partido Liberal de Colombia, el cartel de Cali realizó importantes contribuciones para la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, y en 1995, más de una docena de miembros del Congreso, el contralor, el fiscal general y el ministro de Defensa fueron procesados por aceptar pagos de esa organización.

De manera similar, los asesinatos políticos ocurridos en México en 1994, en los que estarían involucrados el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl, sacaron a luz el papel de los carteles del narcotráfico en el gobernante Partido Revolucionario Institucional. El zar de la droga Juan García Abrego tenía al hermano del presidente como patrocinador.
En Bolivia, desde mediados de los años 80, los sucesivos gobiernos de coalición también tendrían vínculos con los narcotraficantes.
En Venezuela, las "narcomafias" habrían utilizado para lavar su dinero al mayor banco comercial del país, el Latino. Antes de su espectacular colapso junto a otros 19 bancos del país en 1994, el Banco Latino era controlado por la familia de Pedro Tinoco, quien también fue presidente del Banco Central bajo el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y tuvo un destacado papel en el diseño del programa de ajuste estructural aplicado a partir de 1989. (Ver Geopolitical Drug Watch, No. 51, enero de 1996, p. 8). En palabras de un observador, "los cárteles de la droga crearon una relación simbiótica entre la economía y las estructuras políticas" (declaración de Alejandro Reyes, de la Universidad Nacional de Colombia, citado en Anna Proenza, "De la concentration verticale à la multiplication des cartelitos", Le Monde Dossier et Documents, enero de 1996).
Aquí, como en el resto del mundo, tales relaciones permitieron a las organizaciones criminales ejercer una influencia decisiva sobre la política macroeconómica. En varios países latinoamericanos, los programas de ajuste estructural fueron adoptados por políticos directamente vinculados a carteles de la droga.
"Dinero encubierto"

El área gubernamental de los servicios de inteligencia parece tener una especial propensión al intercambio de favores. Desde el fin de la segunda guerra mundial, los organismos occidentales de inteligencia desarrollaron una compleja relación con el narcotráfico en particular. En un caso tras otro, el dinero de la droga lavado en el sistema bancario internacional financió operaciones encubiertas.

La mayor parte de las ganancias recaudadas por organizaciones criminales, sin embargo, es reciclada mediante canales perfectamente normales, con la ayuda de sus contrapartes legítimas. El dinero sucio y encubierto se deposita en bancos comerciales que lo usan para ampliar sus préstamos a empresas legales e ilegales, y también se canaliza hacia inversiones "respetables" en artículos primarios, acciones y bonos gubernamentales. En muchos países, es a través de estos bonos que las organizaciones criminales, acreedoras de gran parte de la deuda pública, ejercen una influencia tácita sobre la política macroeconómica del gobierno.
Con tantas cosas en común, no es sorprendente que el mismo sistema financiero que favorece a los bancos y empresas legales sirva a las organizaciones criminales. Las leyes que promueven la huida de capitales a paraísos fiscales offshore ayudan no sólo a personas de fortuna a sacar de su país "dinero negro" (que evadió al fisco), sino también a las mafias a cambiar de lugar sus ganancias mal habidas. En ambos casos, los bancos cobran suculentas

Comisiones sobre las transacciones.
Los bancos comerciales también lucran prestando grandes sumas de dinero a organizaciones criminales. Estas inyecciones de capital apoyan la expansión de la economía criminal, así como la penetración de la economía legal por el crimen organizado. Las mafias, a su vez, realizan importantes inversiones en bancos comerciales -a algunos de los cuales controlan- y en firmas jurídicas y de corretaje que pueden resultar tan útiles como redituables. El experto Jonathan Harris estima en forma conservadora que el sistema bancario de Estados Unidos lava al año 100.000 millones de dólares del crimen organizado, utilizando algunos de los mayores bancos de Manhattan. Otro estudio destaca el papel de las grandes empresas de inversión de Nueva York y de los agentes de cambio de moneda y lingotes de oro de Wall Street en el lavado de dinero de los carteles de la droga.
Aunque hay numerosos casos documentados de lavado de dinero, los procesamientos penales invariablemente se limitan a sucursales bancarias. Muy pocos bancos fueron sujetos a juicio. Por ejemplo, en un acuerdo judicial realizado en 1994 en Houston, el American Express International Bank fue multado en siete millones de dólares y se le decomisaron 25 millones para arreglar acusaciones de lavado de dinero.
"El juicio contra el American Express surgió a partir de cargos criminales presentados contra dos directores del banco que trabajaban en Beverly Hills, California, condenados por mover fondos a través de cuentas del banco controladas por empresas creadas en las islas Caimán. Para obtener el acuerdo, funcionarios federales aceptaron renunciar a una acusación penal del banco. "Decidimos que la actividad criminal no había invadido toda la empresa, sino que se limitaba a una sucursal", explicó el abogado estadounidense David Novak. (Russell Mokhiber, "El dinero sucio de Amex", Multinational Monitor, diciembre de 1994).

Los paraísos bancarios offshore
Casi todos los caminos dentro de esta red financiera conducen a paraísos bancarios offshore. Es aquí que interactúan las organizaciones criminales y los representantes de los mayores bancos comerciales del mundo. Las mafias aprovechan los servicios ofrecidos y los avances en telecomunicaciones y tecnologías bancarias. Sin tener que pasar billetes a través de las fronteras internacionales, se mueven y ocultan las ganancias de su tráfico ilícito mediante una red de escondites offshore y un laberinto de compañías-fachada anónimas.
La privacidad, tecnología y falta de regulación que atraen a los criminales son las mismas que facilitan el flujo de dinero legal entre una empresa matriz y una subsidiaria-fachada. En Luxemburgo, las islas del Canal de la Mancha, las islas Caimán, Vanuatu, las Islas Cook y otros 50 lugares, muchos de los principales bancos del mundo establecen filiales privadas que ofrecen "un servicio discreto y personalizado" para la creación de cuentas exentas de impuestos. Además, se puede acceder a estas cuentas mediante una tarjeta Visa y cajeros automáticos desde cualquier parte del mundo.
Pese a su ubicación geográfica, estos paraísos offshore son esencialmente apéndices del sistema bancario occidental. Los del Caribe, por ejemplo, fueron establecidos bajo la legislación bancaria británica, con asesoramiento técnico de bancos occidentales. Estas filiales son idénticas entre sí y se basan en leyes británicas que aseguran total privacidad y establecen sanciones penales para los empleados del banco que revelen información sobre clientes o el propio banco. De esta forma, en el sórdido ambiente de la banca offshore, los bienes de la mafia están protegidos por el código penal.

Es bajo esta protección que las organizaciones criminales han florecido. La magnitud de la banca offshore es inmensa y desconocida, dado que no se informa sobre gran parte del dinero depositado. La empresa de inversión estadounidense Merrill Lynch estima en forma conservadora que la riqueza de personas naturales manejada en cuentas bancarias de paraísos fiscales offshore suma unos 3,3 billones de dólares. Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en 5,5 billones de dólares los activos offshore de corporaciones e individuos, una cifra equivalente a 25 por ciento del ingreso total mundial. Además, la riqueza en gran parte mal habida de élites del Tercer Mundo depositada en cuentas numeradas se estima en 600.000 millones de dólares. Un tercio de esa cantidad está colocada en Suiza.
Aunque Suiza sigue siendo el paraíso favorito, con más de 40 por ciento de los activos offshore ocultos en sus cuentas bancarias no residentes, tiene numerosos competidores, tanto por riqueza legítima como ilegítima. Las pequeñas islas Caimán, con más compañías fiduciarias y bancos registrados que habitantes, constituyen el quinto mayor centro bancario del mundo.
No sólo los banqueros, sino también los agentes de cambio y los administradores de fondos de pensión y fondos mutuos utilizan las instituciones offshore. Con la desregulación que caracterizó a la década del 80, los centros del Caribe pasaron a jugar un papel importante en los acuerdos sobre la moneda europea a través de subsidiarias registradas de bancos estadounidenses.

Las grandes compañías de seguro también utilizan la cobertura offshore para ayudar a las firmas a establecer "subsidiarias cautivas" que reciben primas de seguro "para cubrir el riesgo de la empresa matriz". Tanto las empresas como los criminales utilizan los paraísos fiscales para reciclar sus ganancias hacia una variedad de actividades comerciales que incluyen inversiones de alto riesgo y "depósitos de dinero caliente" en las bolsas de valores periféricas del sudeste asiático y Europa oriental. De esta forma, el dinero negro y el sucio se transforman rutinariamente en "dinero caliente", que consiste principalmente en depósitos a corto plazo altamente especulativos, a menudo administrados por grandes empresas de inversión.
El efecto de estos paraísos offshore es una masiva evasión fiscal, inmensas reservas de fondos corporativos bajo la forma de dinero libre de impuestos y una fuga de capitales de tales dimensiones que deja a las economías nacionales, ya débiles y severamente endeudadas, devastadas e incapaces de funcionar. Esta huida de miles de millones de dólares reduce dramáticamente los ingresos del fisco, paraliza los programas sociales, incrementa el déficit presupuestal y estimula la acumulación de una gran deuda pública.

El papel del tráfico ilícito y el lavado de dinero en el agravamiento de los problemas de la deuda nacional es particularmente importante. La caída del precio mundial de los artículos de consumo y la resultante crisis de la deuda de comienzos de los años 80 contribuyeron a diezmar los ingresos de la exportación en los países en desarrollo. Luego, cuando la deuda aumentó, los acreedores internacionales impusieron los programas de ajuste estructural instigados por el FMI, que requieren estrictas medidas de austeridad, el remate de las industrias del Estado, el congelamiento de la inversión pública y la reducción de los créditos a agricultores e industriales. El desempleo desenfrenado y la caída del salario real resultantes provocaron una crisis de la "economía legal".
El colapso simultáneo de las exportaciones y los mercados domésticos creó un vacío en el sistema que permitió una dramática expansión de la economía clandestina. En muchos países, la producción ilícita se transformó en el sector fundamental de la economía, la principal fuente de cambio de moneda y un campo fértil para las organizaciones criminales. En Bolivia, la Nueva Política Económica patrocinada por el FMI, adoptada en 1985, contribuyó a la desaparición de las exportaciones de minerales y a despidos masivos en el consorcio estatal minero Comibol. Sin empleo, los mineros despedidos utilizaron sus indemnizaciones para invertir en el cultivo de coca, impulsando así el narcotráfico.
De manera similar, la "estabilización económica" y el programa de ajuste estructural de Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori crearon un caos social y económico. El shock de agosto de 1990, que incluyó una multiplicación del precio de los combustibles por 30 de la noche a la mañana, llevó a los agricultores que vivían apretadamente del cultivo de café, maíz y tabaco a dedicarse al cultivo de coca. Según la ONU, "las actividades de la mafia se vieron facilitadas por los programas de ajuste estructural que los países endeudados se vieron obligados a aceptar para poder recibir préstamos del FMI". (Ver Departamento de Información Pública de la ONU, Crime Goes Global, Nueva York, 1995, p. 2).

Los vínculos del sistema estatal peruano con los carteles de la droga fueron analizadas en varios informes de prensa de México y Perú. Según la declaración del "padrino" de la cocaína Demetrio Limonier Chávez a una corte de justicia peruana en 1996, el abogado Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y el principal asesor de Fujimori, encabezaba una red de tráfico de drogas y armas junto con el hermano del presidente, Santiago Fujimori. (Ver The Geopolitical Drug Dispatch, París, No. 62, diciembre de 1996, p. 8).
Pero la estrecha correlación entre las presiones de la deuda y el aumento de la actividad de la mafia no se limita a América Latina y a los triángulos asiáticos de la droga. En Africa, cuando se levantaron las barreras comerciales -siguiendo el consejo de instituciones financieras internacionales establecidas en Washington- y los excedentes de granos de Europa y Estados Unidos se volcaron al mercado doméstico, la producción agrícola local cayó verticalmente. Ante el declive del autoabastecimiento de alimentos y el aumento de la deuda externa, muchos agricultores sustituyeron sus cultivos de productos alimenticios por el de cannabis. En Marruecos, las ganancias del cultivo de hachís equivalen actualmente a los ingresos combinados de todas las exportaciones agrícolas legales del país. En Costa de Marfil, los cultivadores de cacao se están dedicando al ganja, una variedad local de la marihuana con un excelente potencial de exportación. Y en otros países africanos, las mafias de la droga también lograron introducirse en la política local.
El modelo se repite en el antiguo bloque soviético. La "fuerte medicina económica" impuesta por los acreedores externos contribuyó a la ampliación de la economía ilícita, que se alimenta de la pobreza y la desarticulación económica. En Ucrania, por ejemplo, el "tratamiento de choque" patrocinado por el FMI y aplicado en octubre de 1994 sembró el caos: de un día al otro, el precio del pan aumentó 300 por ciento, la electricidad 600 por ciento y el transporte público 900 por ciento. Junto con el levantamiento de subsidios y el congelamiento de los créditos, las reformas contribuyeron a debilitar la economía de Ucrania. La liberalización económica también abrió la puerta al vertimiento en el mercado doméstico de excedentes de granos estadounidenses y "ayuda alimentaria", que contribuyeron a la desestabilización de uno de los mayores productores de trigo del mundo. El Geopolitical Drug Watch, con sede en París, confirmó que, a medida que disminuye la producción de trigo en Ucrania, el cultivo ilegal de opio aumenta rápidamente. La dinámica es la misma en la ex Yugoslavia, donde la agricultura local está siendo sustituida por el cultivo de amapola y la fabricación de heroína, controladas por la organización italiana Sacro Corona Unita.

Unica fuente disponible
Debido al aumento de la deuda de los países en desarrollo y al colapso de la agricultura y las industrias bajo el peso de los programas de ajuste estructural, los intereses anuales pueden llegar a exceder las ganancias totales por concepto de exportaciones. Bajo estas circunstancias, los ingresos del comercio ilícito se transforman en la única fuente disponible de divisas, y tanto los gobiernos deudores como acreedores tienen un interés financiero en el flujo ininterrumpido del lucrativo contrabando. En las "narcodemocracias" de América Latina, los gobiernos cooperan con el reciclaje de miles de millones de "narcodólares" mediante el sistema bancario para satisfacer las demandas de los acreedores externos y las instituciones financieras internacionales.
A comienzos de los años 90, el Banco Central de Perú compró un promedio de ocho millones de narcodólares diarios por medio de agentes de cambio informales que operaban en las calles del centro de Lima. Ese dinero estaba destinado al pago de los intereses de la deuda externa nacional. Los gobiernos latinoamericanos también utilizaron ganancias del narcotráfico para comprar armas y apuntalar sus fuerzas militares, y en varios países, algunas facciones militares tienen conexiones con la mafia de la droga. Irónicamente, "los esfuerzos de Estados Unidos contra la droga forjan vínculos aún más estrechos de su gobierno con fuerzas policiales y militares abusivas", de acuerdo con la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
Muchos bancos comerciales occidentales y japoneses aprovecharon las oportunidades creadas por la privatización y la reestructuración de la deuda para comprar bienes raíces públicos "a buen precio". También adquirieron bancos estatales en América Latina y Europa oriental, muchos de ellos involucrados en el lavado de dinero de procedencia ilícita.
En Hungría, por ejemplo, el Banco Internacional de Europa Central (CIB) fue adquirido por un consorcio de bancos extranjeros integrado por la Banca Comerciale Italiana, Bayerische Vereingsbank AG, el Banco de Créditos a Largo Plazo de Japón, el Banco Sakura y la Socité Générale. El CIB posee plena libertad para movilizar dinero sin interferencia del gobierno ni de normas sobre cambio de moneda. Un caso judicial ocurrido en 1992 en Luxemburgo confirmó que el cártel de Cali utilizó al CIB para transferir enormes cantidades de dinero. Pero, como manifestó un miembro de la brigada antidrogas de Hungría, "con los problemas económicos de este país y la necesidad de activos líquidos, no se puede pedir al gobierno que analice demasiado el origen del dinero depositado en sus bancos".
Reformas guiadas por el FMI
En Bolivia y Perú, las reformas del sistema bancario guiadas por el FMI facilitaron el libre flujo de divisas hacia dentro y fuera del país. "Esto significa nada menos que la legalización del lavado de dinero por el sistema financiero peruano", dijo un observador. (Humberto Campodónico, "Los capitales golondrina pagan la deuda externa", Interdependences, marzo de 1996, p. 13). Y en realidad, dada la devastación de la economía legal, el lavado de dinero del narcotráfico es probablemente lo que hizo lucrativos a los bancos de Perú.
En América Latina, muchos de los bancos estatales privatizados, previamente involucrados en el lavado de dinero del narcotráfico, se encuentran ahora bajo control de compañías europeas y estadounidenses. Un ejemplo es el caso de Interbanc, un banco estatal peruano adquirido en 1994 por Darby Overseas, una compañía de Nicholas Brady, secretario del Tesoro durante el gobierno de George Bush. Según el diario Financial Times, Darby Overseas "fue establecida hace un año (en 1993) por Brady, Hollis McLoughlin, su principal asesor en el Tesoro, y Daniel Marx, (ex) subsecretario de Finanzas de Argentina (...) El principal inspirador de IFH, constituida para competir en la licitación por Interbanc, es Carlos Pastor, ministro de Economía de Perú a comienzos de los años 80". (Sally Bowen, "Brady Investment en Perú", The Financial Times, 22 de julio de 1994).
En Rusia, los programas de privatización impuestos por los acreedores occidentales favorecieron inequívocamente la transferencia de una importante proporción de los bienes del Estado al crimen organizado. No es sorprendente entonces que las mafias rusas, que constituyen una nueva clase propietaria, hayan impulsado el "libre mercado" y apoyado fervorosamente las reformas macroeconómicas del presidente Boris Yeltsin.
Las mafias también respaldaron la campaña para la reelección de Yeltsin en julio de 1996. Ellas, junto con la antigua nomenklatura soviética, transfirieron miles de millones de dólares "negros" y "sucios" hacia escondites offshore. Parte de ese dinero retornó a Rusia para comprar empresas y tierras públicas. Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas están respectivamente en tercer y cuarto lugar entre los "inversores extranjeros" de Rusia. Además de las mafias rusas, organizaciones criminales occidentales -a menudo mediante una entidad inversora- canalizaron dinero hacia "mercados financieros emergentes" en Europa oriental y la ex Unión Soviética, donde se han rematado acciones de empresas privatizadas.

Armadas de control sobre políticos y funcionarios de gobierno, y con sus propios representantes en el parlamento, más de 1.300 organizaciones criminales de la Federación Rusa tienen la influencia suficiente para imponer la "democracia" y modelar la política macroeconómica a su conveniencia. Asimismo, poseen una influencia financiera más que considerable. Según un estudio reciente publicado por la Academia de Ciencias, la mafia controla más de 40 por ciento de la economía rusa, la mitad de los bienes raíces comerciales de Moscú y dos tercios de las entidades comerciales; en total, unas 35.000 compañías privadas, casi 400 bancos y 150 empresas del Estado. Un sector de la mafia rusa también está involucrado en venta de material nuclear, espacial y de defensa, incluyendo misiles guiados y plutonio para bombas, así como armas convencionales.

La criminalización de la economía rusa fue reconocida por el Banco Mundial. Un estudio de Louise Shelly -publicado en la edición de marzo de 1997 del boletín de transición del Banco Mundial- sugiere que cerca de la mitad de la economía de Rusia está controlada por sindicatos criminales. Citando a Yeltsin, el artículo admite que "los 'padrinos' de la mafia secuestraron las reformas de libre mercado" y que el programa de privatizaciones fue el responsable de la transferencia de los bienes del Estado al crimen organizado.
Además, el estudio reconoció con desilusión que "los nuevos propietarios criminales no están interesados en hacer funcionar sus empresas, sino en agotar sus recursos y transferir las ganancias al extranjero (...) Estos grupos usan la fuerza si es necesario, pero se respaldan en sus enormes activos financieros y sus estrechos vínculos con la antigua élite comunista, el ejército y el sector bancario".
En Albania, las llamadas pirámides de fondos de inversión que se derrumbaron a fines de 1996 estaban controladas por el gobernante Partido Democrático, en connivencia con los intereses de bancos occidentales y la mafia italiana, que utilizó los programas para lavar su dinero. VEFA Holdings, la mayor pirámide de fondos de inversión de Albania, elogiada por Occidente como "modelo de libre empresa poscomunista", jugó un papel fundamental en el plan de privatizaciones patrocinado por el Banco Mundial y posee un enorme número de antiguas empresas del Estado, incluyendo supermercados, compañías de exportación e importación, transporte y manufactura. Actualmente, VEFA es investigada en Italia por sus vínculos con las mafias de Sicilia, Calabria y Puglia.
El fraude de las pirámides, estrechamente descripto por la prensa occidental como la única causa de la crisis de Albania, fue consecuencia de un proceso mucho más profundo de manipulación macroeconómica. La desregulación financiera bajo supervisión occidental condujo a la transferencia del sistema bancario nacional. Bajo las reformas instigadas por el FMI y el Banco Mundial e iniciadas en 1992, a principios del gobierno del presidente Berisha, la mayoría de las grandes empresas públicas fueron destinadas a la liquidación o a la quiebra forzada, causando un desempleo masivo.

Las mentiras y sus consecuencias
El crimen se ha transformado en parte integrante del sistema económico mundial, con ramificaciones sociales, económicas y geopolíticas de gran alcance. Sus ganancias se utilizan para pagarle a los acreedores internacionales; las empresas legales e ilegales están cada vez más enredadas entre sí, y la línea divisoria entre "empresarios" y "criminales" se desdibuja rápidamente. A la vez, la relación entre criminales, políticos y miembros de los servicios de inteligencia ha corrompido las estructuras del Estado y el papel de sus instituciones. La fuga de capitales, la masiva evasión fiscal y el lavado de dinero, aprobados por el sistema económico mundial, se encuentran entre las principales causas de la deuda pública y el creciente déficit presupuestal. La criminalización del sistema bancario quita recursos a la producción de necesarios artículos de consumo y canaliza el capital hacia una economía de bienes suntuarios (servicios para personas de altos ingresos, complejos turísticos, inmuebles), que sirve sólo a los intereses de una minoría. Mientras, la comunidad financiera internacional cierra los ojos, siempre que no surja algún escándalo momentáneo.

En tanto se cumpla con el pago de intereses de la deuda, los ojos de los acreedores externos se mantendrán cerrados. Para ellos, el lavado de dinero y la adquisición de bienes del Estado por la mafia en el marco de programas de privatización son males menores que ayudan a los gobiernos a pagar su deuda externa. A la vez, los bancos offshore amasan fortunas aprovechando discretamente las ventajas de la "protección de activos", sin discriminar entre las inversiones empresariales de buena fe y las ganancias de actividades criminales. Las entidades bancarias vinculadas con la mafia o el lavado de dinero "crean" dinero limpio a partir de las ganancias sobre los depósitos de dinero sucio, y lo utilizan para controlar recursos financieros. Al reciclar los fondos de la mafia hacia la economía legal, famosos criminales se transforman en respetables ejecutivos y financistas con poder para influir en la política a nivel nacional e internacional.
"No se hacen preguntas"
Este sistema mundial de comercio y finanzas ha promovido una acumulación de riqueza privada sin precedentes, junto al empobrecimiento de vastos sectores de la población mundial. Las perspectivas de cambio no son buenas, ya que las grandes corporaciones y las organizaciones criminales que operan a nivel mundial se rigen por las mismas leyes. El sistema bancario permite que corporaciones, individuos ricos y criminales oculten su riqueza. Bajo la consigna "no se hacen preguntas", los bancos alegan ignorancia y hacen alarde de su buena fe mientras protegen a la mafia y al capital organizado de la investigación pública y de la justicia. Los grandes bancos comerciales internacionales no sólo constituyen un canal de salida para el lavado de dinero, por el que cobran grandes comisiones, sino que ofrecen créditos con altas tasas de interés a la mafia, en detrimento de la agricultura y la manufactura legales.
Los intereses creados están tan impregnados en este sistema que es improbable que algún cambio formal en las normas bancarias produzca una reforma efectiva. La capacidad -y la voluntad- de los gobiernos e instituciones internacionales para reducir las actividades criminales en representación de la sociedad está seriamente comprometida, dado que quienes están en condiciones de hacer cambios a menudo están muy bien servidos por el orden establecido. Como advierte un informe de la ONU, "a menos que se produzca un avance simultáneo en el desarrollo económico y social, el crimen organizado continuará existiendo a nivel mundial".

(Departamento de Información Pública de la ONU, Crime Goes Global, Nueva York)

Estimado Lector; Si nos ha localizado a través de un motor de búsqueda en internet y desea obtener más información:

Por favor copie la dirección de nuestra página principal y visítenos.. Será bienvenido...!

Para enviar sus comentarios, por favor escribir a nuestra dirección: info@interamericanusa.com